El borrador de real decreto, rechazado ya no sólo por todas las denominaciones de origen sino también por las cooperativas y organizaciones agrarias, es dañino e injusto para los viticultores y los elaboradores de Castilla y León y de la Denominación de Origen León

Los presidentes de las denominaciones de origen —que en las últimas semanas han mantenido tres reuniones telemáticas con el consejero de Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y con su equipo técnico—, las cooperativas vitivinícolas de la comunidad autónoma, a través de Uracyl, y las organizaciones profesionales han valorado muy negativamente las propuestas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogerá en un real decreto que desarrollará un plan de ayudas extraordinarias el sector del vino ante los problemas que presenta en todo el país, como consecuencia de los efectos desencadenados por la pandemia desatada por el covid-19 y el cierre del canal Horeca, que ha afectado especialmente el vino de calidad y en concreto a los de mayor consumo por esa vía, como es el caso de los acogidos a la Denominación de Origen León.

Tal y como se presenta el proyecto de real decreto, el borrador cuyos términos acaban de conocerse favorece claramente a algunas zonas vitivinícolas españolas y limita ampliamente las posibilidades de aplicación de estas medidas en Castilla y León, que lo considera dañino, desequilibrado e injusto.

La propuesta ministerial es la siguiente:

Destilación de crisis. Se fija en un máximo de 2 millones de hectolitros, de los cuales sólo medio millón será para vinos amparados en DOP y 1,5 millones para el resto de los vinos, cuando lo que se exigía era al menos equilibrar esta propuesta para una propuesta de distribución del 50%. El incremento de la ayuda a la destilación de vinos no amparados por las DOP pasa de 0,25 euros/litro a 0,30 euros/litro. Este incremento, que además de no estar justificado resulta excesivo, va a suponer 7,5 millones de euros —de los aproximadamente 75 previstos— más de consumo financiero en el paquete de medidas y la exigencia por parte de los consejos reguladores es que debe mantenerse en 0,25 euros/litro. Además no se tiene en cuenta un coste de suministro por distancia, que claramente discrimina a Castilla y León, puesto que las destilerías están muy concentradas territorialmente en en otras zonas. Por esa razón, las distancias de las bodegas a las destilerías existentes son muy importantes, incrementando también el coste de suministro a los destiladores.

Cosecha en verde. Se distribuye solo al 25% para zonas con denominaciones de origen y al 75% para el resto y se reclama al ministerio la necesidad de fijar un precio medio de destrucción que sea igual en todo el territorio nacional que se podría establecer en 600 euros por hectárea si se realizara de forma manual y en 300 euros por hectáreas si es mediante procedimientos mecánicos.

Ayudas al almacenamiento privado. Se pide al Gobierno que un incremento notable de la subvención porque siguen siendo insuficientes los 0,02 euros por hectolitro/día. El importe de la ayuda debería incrementarse a 0,04 euros por hectolitro/día.

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